Este instrumento jurídico, de carácter global, permitirá consolidar mecanismos para la prevención y el combate de la corrupción, fenómeno social que afecta a la mayor parte de los países en general y al Ecuador de manera particular.

La vigencia de la Convención  plantea novedosas políticas, eleva la exigibilidad de medidas preventivas, como son los sistemas de mérito en el empleo público, códigos de conducta, presupuestos y contrataciones transparentes, libertad de información, agilidad para tramitar las extradiciones, entre otras. Prevé regulaciones para el sector privado, en lo referente a procedimientos de contabilidad y auditoría, códigos de ética y transacciones con instituciones de gobierno.

En el contexto internacional la Convención amplía las posibilidades para el combate a la corrupción transnacional a través de regulaciones para la prevención del lavado de dinero, inteligencia financiera, extradiciones, asistencia judicial recíproca y  recuperación  de activos, así como otros aspectos de importancia en la lucha mancomunada contra la corrupción.

Ecuador suscribió la Convención en Mérida, México,  9 - 11 de diciembre de 2003.

Ratificada por el Congreso de la República del Ecuador el día 25 de mayo del 2005
 

(Resumen del texto del Dr. Ramiro Borja y Borja. Presidente de la Comisión de Control Cívico de la Corrupción )